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CARTA AL EDITOR
Señor editor
En relación a las publicaciones que mantiene la revista en torno a la Pandemia COVID-19 y debido a la creciente literatura científica relacionada a prepararnos para una próxima pandemia, me permito dirigirle este texto, el cual está contemplado como parte de la producción científica del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica de la Universidad UTE en la línea de investigación de salud pública.
Pandemia COVID-19 y crisis alimentaria: Reflexiones sobre el bloqueo en la cadena de suministro de alimentos hacia las ciudades
Mónica Izurieta-Guevara[1]
1. Universidad UTE, Facultad de Ciencias de la Salud Eugenio Espejo, Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica (CISPEC), Quito, Ecuador.
DOI: https://doi.org/10.16921/pfr.v10i2.362
PRÁCTICA FAMILIAR RURAL│Vol.10│No.2│Julio 2025│Recibido: 22/06/2025│Aprobado: 25/07/2025
Cómo citar este artículoIzurieta-Guevara M. Pandemia COVID-19 y crisis alimentaria: Reflexiones sobre el bloqueo en la cadena de suministro de alimentos hacia las ciudades. . PFR [Internet]. Agosto de 2025;10(2). Disponible en: https://practicafamiliarrural.org/index.php/pfr/article/view/362 |
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Resumen
El presente trabajo aborda críticamente las políticas públicas y sus consecuencias en el sistema alimentario de Quito durante la pandemia de COVID-19, cinco años después de la hecatombe. A través de la experiencia de un doctorando que continuó su investigación sobre patrones alimentarios en hogares, el texto revela cómo la crisis no solo fue sanitaria, sino también de justicia alimentaria, profundizando las desigualdades sociales. Mientras los supermercados prosperaron y aumentaron precios, la agricultura familiar campesina y los mercados populares se vieron gravemente afectados por las restricciones de movilidad, con un impacto desproporcionado en las mujeres jefas de hogar. El documento destaca la emergencia de economías de solidaridad y canales alternativos de distribución, pero también la fragilidad de estos esfuerzos frente a la "doctrina del shock" y la codicia corporativa. Finalmente, el autor aboga por un replanteamiento de la "pandemic preparedness" que integre una perspectiva ecosocial, garantice el derecho universal a la alimentación y dé voz a todos los actores del sistema alimentario, reconociendo el valor de la agricultura familiar campesina y la etnomedicina para asegurar la dignidad de la población en futuras crisis.
Palabras clave: injusticia alimentaria, pandemia, COVID-19, agricultura familiar campesina, soberanía alimentaria
COVID-19 pandemic and food crisis: reflections on the blockage in the food supply chain to cities
Abstract
This paper critically addresses public policies and their consequences for Quito's food system during the COVID-19 pandemic, five years after the catastrophe. Through the experience of a doctoral student who continued his research on household dietary patterns, the text reveals how the crisis was not only a health crisis, but also a food justice crisis, deepening social inequalities. While supermarkets prospered and raised prices, peasant family farming and popular markets were severely affected by mobility restrictions, with a disproportionate impact on women heads of household. The document highlights the emergence of solidarity economies and alternative distribution channels, but also the fragility of these efforts in the face of the "shock doctrine" and corporate greed. Finally, the author advocates for a rethinking of "pandemic preparedness" that integrates an ecosocial perspective, guarantees the universal right to food, and gives voice to all actors in the food system, recognizing the value of peasant family farming and ethnomedicine to ensure the dignity of the population in future crises.
Keywords: food injustice, pandemic, COVID-19, family farming, food sovereignty
La humanidad confinada. Las calles del mundo son un escenario apocalíptico: sin personas a la vista, apenas algunas ambulancias. Quienes recordamos las ciudades, cinco años después del 2020, tenemos la premura de dejar enseñanzas plasmadas en el urgente tema que hoy abona a la literatura científica y escala con el tema: “pandemic preparedness”[1–3]. Más allá de la pandemia COVID – 19, los errores y aciertos de la política pública que se dieron durante aquella hecatombe deben ser analizados en el marco de garantías de derechos humanos, principios de equidad, prevención y promoción de la salud y el buen uso de recursos, especialmente los públicos.
El 16 de marzo de 2020, cuando inició el confinamiento en Ecuador, las universidades y sus centros de investigación cerraron y en la zozobra quedamos miles de doctorandos esparcidos en todos los continentes. Según mi calendario, en aquellos meses debía levantar datos sobre patrones alimentarios en hogares y, al igual que otros investigadores, me encontré con un inusual dilema: parar o continuar. En mi caso opté por la segunda opción, seguir con el plan de entrevistas y encuestas en hogares usando la indumentaria de protección de la época, antes de las vacunas. Así fue que, durante el primer año del COVID-19, compartí con personas responsables de la alimentación de su familia, residentes en el Distrito Metropolitano de Quito. Aquel proceso académico se convirtió en un portal único que me permitió comprender las determinaciones de vulnerabilidad e injusticia alimentaria que se dieron durante el COVID -19, las cuales quiero dejarlas publicadas en esta revista, para el bien común.
Comer y dar de comer parecería una cuestión individual o familiar, así lo deduce-reduce la teoría clásica de la economía en sus postulados de soberanía del consumidor [4], sin embargo, en la perspectiva de la economía política de la alimentación [5,6] y la determinación social de la salud [7] se demuestra que alimentarse es un proceso determinado por estructuras económicas, corporativas, políticas y geográficas [8]. Durante la pandemia COVID-19 algunos de estos condicionamientos se potenciaron y otros nuevos emergieron, especialmente a partir de las restricciones en el transporte de alimentos desde sectores periurbanos y de la transformación de formatos de distribución de alimentos a versiones online.
El vicepresidente del Ecuador de ese entonces, Otto Sonnenholzner, decretaba la vigencia de un aislamiento obligatorio en Ecuador: “Nadie puede salir de casa, sino un miembro designado por la familia a supermercados, farmacias” ̶ indicó. A la par, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) resolvió pedir a los alcaldes que asuman mayor control sobre los mercados municipales de alimentos: “Están facultados a tomar mayores restricciones sobre ese lugar […] personas que están saliendo con sus familias, que están saliendo con sus niños y que están yendo al mercado es algo que no nos puede pasar” ̶ señaló María Paula Romo, ex ministra de gobierno [9]. Se espera que, frente a una saturación hospitalaria de pacientes contagiados y el exceso de muerte, debían emerger, rápidamente, estrategias de prevención. No obstante, esas decisiones iban a afectar en mayor o menor intensidad a los distintos actores del comercio de alimentos en las ciudades, y también a los consumidores.
En Quito, algunos mercados de alimentos lograron reabrir sus puertas hasta después de cinco meses a partir del primer confinamiento, previa disposición de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio [10]. Lamentablemente, el impedimento de transporte de alimentos desde zonas periurbanas y rurales hacia los centros urbanos, así como el cierre de mercados y ferias de alimentos populares en las ciudades, significó un golpe inesperado para la agricultura familiar campesina, siendo las más afectadas mujeres campesinas jefas de hogar. De acuerdo con la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua del año 2021, representativa a nivel nacional, el 76% de agricultores tuvo dificultad de comercializar su producción de alimentos por falta de transporte, y el 81% no logró vender los alimentos producidos por falta de compradores [11]. La verdad es que sí había compradores, sin embargo, los espacios populares de circulación de alimentos se inhabilitaron.
Por otro lado, los supermercados no cerraron, los supermercados de las grandes urbes a nivel mundial, incluidos los de nuestras ciudades, aumentaron los precios de los alimentos, se hicieron grandes negocios con la entrega de kits de alimentos [12] y, paralelamente, se registraron las mayores utilidades de los autoservicios de alimentos en la última década a nivel global, con incrementos de hasta el 49% en 2021 [13]. Este fenómeno representa un ejemplo de la doctrina del shock o “capitalismo del desastre” referido a la decisión de impopulares medidas económicas en medio de crisis, como la pandemia COVID-19, que, a fin de cuentas, alimentan al conglomerado corporativo y gubernamental [14].
En medio de esta antinómica conjunción de flujos y atoramientos en la circulación de alimentos hacia las ciudades, cambiaron las formas cotidianas de alimentarse en los hogares. No todas las familias utilizaron la misma estrategia, también existieron polaridades según la clase social de la familia, constructo de la investigación de acuerdo con la propiedad de medios de trabajo del jefe o jefa de hogar. Así, el 64% de hogares de clase obrera y trabajadores autónomos se vieron obligados a cambiar sus estilos de alimentación mientras que el 68% de hogares de clase alta (white collar) pudo continuar eligiendo qué comer. Los cambios de patrones alimentarios entre las familias de menos ingresos se expresaron en una disminución drástica de comidas diarias (juntar desayuno con almuerzo o privarse de la merienda), bajar el consumo de carnes, por su precio, y disminuir porciones en los platos servidos, además de homogenizar dietas baratas, generalmente con alimentos procesados de mala calidad. Por el contrario, las familias de altos ingresos se abastecieron para tiempos largos de confinamiento en dinámicas similares a las compras de pánico. Entre aquellas familias cuyo jefe o jefa de hogar se sumó a la creciente fila de desempleados (600 000 entre enero y octubre de 2020, en Ecuador) [15] , existieron estrategias aún más complejas, por ejemplo, arrendar una habitación a cambio de comida, comercio ambulante para obtención de comidas diarias, dejar la casa nuclear y vivir junto a familiares para compartir la mesa. Otras personas se juntaron en el campo y sembraron alimentos, entre quienes aún tenían el privilegio de contar con tierra [8] .
Frente a esta realidad crítica, los consumidores organizados de la ciudad aportaron con la generación de canales de comercio electrónico y la entrega de canastas agroecológicas puerta a puerta junto a asociaciones de productores rurales y periurbanos [16] . Facilitaron la obtención de salvoconductos para ayudar al transporte de alimentos frescos; emergió y se fortaleció la organización solidaria de barrios para compartir alimentos y también aparecieron ollas comunitarias. Aun así, lastimosamente, algunos espacios alternativos de distribución de alimentos agroecológicos, después del confinamiento, no pudieron recuperar sus espacios pues, a medida que se flexibilizó la circulación de personas y amplitud de horarios de los comercios de alimentos, las canastas agroecológicas perdieron demanda o, por fines de lucro, los espacios físicos utilizados para la venta fueron destinados a otros propósitos por parte de dirigentes barriales que prefirieron dar otro uso al espacio comunitario.
En el contexto de una emergencia de la magnitud de una pandemia, cabe pensar en la seguridad y soberanía alimentaria y en el marco del derecho universal a la alimentación. Es necesario definir estrategias asertivas para que miles de productores, comerciantes y consumidores puedan abastecerse de alimentos frescos, sanos y sin pesticidas (en el caso de la agroecología). Así también, tomar en cuenta que la agricultura familiar campesina permite el ejercicio de una salud intercultural y, por sus redes solidarias, podría abrir paso a un monitoreo epidemiológico participativo en comunidades con acceso limitado a servicios de salud.
Queda el aprendizaje de que lo popular, lo alterno, lo diverso y lo ecológico debe tomarse en cuenta durante las crisis alimentarias derivadas de epidemias o pandemias para garantizar el acceso a alimentos con justicia y equidad. La participación de las asociaciones de comerciantes de mercados municipales, las asociaciones de productores agroecológicos y los grupos organizados de consumidores deben ser parte de la toma de decisiones, al nivel de la empresa privada. En proyección hacia una futura pandemia, la actual Estrategia de Mercados Saludables del Municipio de Quito [17] liderada por el Ministerio de Salud, además de sus acciones vigentes orientadas a la higiene e inocuidad de alimentos, debe incluir un capítulo de protocolos y acciones para enfrentar futuras pandemias. Esta estrategia debe incorporar un plan oportuno de abastecimiento de pruebas y vacunas para las y los comerciantes de mercados y ferias. Asimismo, la Agencia Metropolitana de Comercio (ente regulador de los mercados del Distrito Metropolitano de Quito) debería prever la disposición oportuna de fondos, así como la pronta activación de los canales logísticos y de comunicación intersectorial para no demorar la distribución de alimentos a los hogares en escenarios pandémicos.
Los tiempos de pandemia debían significar una oportunidad para fortalecer la alimentación sana, solidaria, asequible y diversa proveniente de la Agricultura Familiar Campesina y de los productores agroecológicos de las zonas periurbanas y rurales. Podían haberse tejido respetuosos nexos con el conocimiento y prácticas de la etnomedicina y etnobotánica [18] aún vigente en comunidades cercanas a las ciudades, promoviéndolas como parte de los procesos protectores de salud.
En el marco de la soberanía alimentaria y el valor que le debemos al trabajo de la Agricultura Familiar Campesina, por ser la responsable del 60% de los alimentos que se producen en el Ecuador [19] , y con el lente de una perspectiva de género y las economías de cuidados, quedan sobre la mesa estos aprendizajes para la próxima pandemia. Es necesaria esta visión desde la epidemiología ecosocial [20] , determinación social de la salud [21] y la economía política de los patrones de consumo alimentario [5,8] , porque comer uno mismo o dar de comer en las clases trabajadoras era un desafío tan apremiante como morir o no morir en la pandemia COVID-19; porque fue un desafío comer bien y suficiente, al igual que lo fue no contagiarse. La próxima pandemia supone pensar en cómo las ciudades deben alimentarse con justicia en medio de la codicia corporativa y la corrupción política; para que no existan más actores olvidados ni el menosprecio de las economías alternas en los sistemas alimentarios de las ciudades y se garantice el derecho universal a la alimentación en un país megadiverso con capacidad de alimentar a su gente con dignidad.
Referencias bibliográficas